La Justicia paraguaya acusada

LA JUSTICIA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS   

   Corrupción, politización, falta de rigor y hasta mediocridad son algunos de los problemas que atraviesa la administración judicial paraguaya. 

  EDWARD AGUSTIN CABRERA ESPINOZA PRIETO 

     Mal gobierno, desorden e inseguridad Una preocupación justificada se extiende y aumenta entre la sociedad de la República. 

     Para decirlo con franqueza —y no es pesimismo—, el país no va bien ni en gobernabilidad, ni en el orden público, ni en la economía, ni en el campo político, ni en el social. 

       La polarización continúa, y la corrupción y la impunidad también; 

        Los programas de gobierno en su dimensión legislativa ejecutiva y judicial no se alcanzan y se pierden en proyectos; 

       Ha aumentado pero enormemente el número de internos en las cárceles, sin embargo no se alcanza la Justicia, la que solo selecciona a quienes castigar y nunca es implacable con los poderosos; 

        En Concepcion y San Pedro, los violentos de diferentes tendencias siembran el miedo a través de su conocido ejército irregular; 

        Hay emboscadas contra miembros de la fuerza pública y es más ayer se dio un nuevo secuestro, que afecta nada más que a un exvicepresidente de la República; 

       Crece la inseguridad en las ciudades y los medios de desinformación lo siembran con mucha fuerza; 

        La migración de paraguaya del campo a la ciudad aumenta, sin que se adopte una política seria al respecto; 

        Es incierto el futuro de una clase marginal de la sociedad que por más que se esfuerce no encuentre su espacio para el desarrollo y El Presidente de la República lejos de ocuparse con seriedad piensa más en su imagen popular que en los muchos problemas nacionales. 

        En fin, es ostensible una generalizada sensación de desgobierno, desorientación, provisionalidad y desorden. Y la justicia no es la excepción. 

        Crisis de la justicia. En lo que concierne al orden jurídico, siguen fracasando todos los intentos de reforma a la justicia, entre otras razones, por falta de proyectos integrales y bien estructurados. 

       Las reformas a la justicia que se han presentado distan mucho del objetivo de garantizar al ciudadano un oportuno y efectivo acceso a ella y llevan más de diez años en el Congreso sin respuesta. 

        Y los conocidos males de la congestión, la morosidad, el excesivo formalismo, las providencias mediocres y tardías, el vencimiento de términos, y la corrupción en muchos despachos han conducido a una generalizada pérdida de confianza en los jueces y magistrados. 

       Nadie confía en la Justicia, ni siquiera sus jueces. Corte Suprema de Justicia. Es verdad que todavía existen jueces y magistrados honestos y competentes, pero sería ingenuo negar que las instituciones judiciales han perdido prestigio, entre otras razones, por falta de formación jurídica y ética de algunos abogados. 

        Eso ha acentuado la tendencia a hacer justicia por mano propia, lo cual es muy grave para la estabilidad social y la vigencia del Estado de Derecho. 

       Cada vez crece más la politización de la rama judicial en general los jueces y tribunales a pesar de que la Corte Suprema de Justicia viene lavándose la cara con algunas aisladas reacciones inmediatas a actos de corrupción en su seno institucional. 

     Los jueces y, con mayor razón, los altos magistrados tienen a su cargo la más delicada y exigente función de cuantas corresponden al Estado: administrar justicia. 

      Eso implica la enorme responsabilidad de hacer realidad, con efecto vinculante y en casos concretos, las previsiones que en abstracto han establecido la Constitución y las leyes. ¿Y para qué?  

       Para evitar el caos en el seno de la sociedad, para hacer que impere la razón sobre la fuerza, para resolver en justicia y oportunamente los conflictos, para hacer efectivos los derechos, y para hacer exigibles las obligaciones, cargas y responsabilidades. 

Desde luego, eso vale para todas las jurisdicciones, pero en especial para la misma Corte Suprema de Justicia y su Sala Constitucional, creada precisamente para guardar la integridad y supremacía de la Constitución. 

     Por eso, es tan reprochable que los ministros constitucionales decidan por fuera de los estrictos y precisos términos que la Constitución contempla. Además, cada vez crece más la politización de la rama judicial en general y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en particular sin dejar de lado el Consejo de la Magistratura, cuyo fruto todavía no vemos. 

      En los tribunales de apelaciones hay una perniciosa tendencia a fallar con criterio político, y a aplicar las normas jurídicas sobre la base de interpretaciones artificiales y subjetivas, sin el necesario análisis integral y sistemático de las normas. De allí que gran parte de la jurisprudencia sea incoherente o esté desintegrada, es más ni siquiera se erige en tal sino en meros precedentes y hasta contradictorios de un mismo tribunal. 

       A este respecto, algunas decisiones judiciales recientes han generado una crítica justificada: contradiciendo sus propios fallos, un tribunal penal de apelaciones confirmó con el pretexto distorsionado de la medida cautelar personal una prisión preventiva de un miserable preso por intentar hurtar POMELOS, caso que al final el juez inferior revocó y otorgó la libertad inmediata tras una enérgica reacción de repudio en redes sociales.  

       Por eso es natural que se perciba una gran falta de rigor jurídico, y de motivaciones bien fundamentadas y claramente expuestas, en el que jueces concursan con absurdas resoluciones en los que solo buscar caer de populares. Ya no valen ante esa corporación los argumentos de índole constitucional. 

       Hay que invocar complicadas fórmulas técnicas, ajenas al conocimiento de un ama de casa, de un empleado, un oficinista, o un campesino, que como ciudadanos pueden y deben contribuir a velar por la Constitución. 

       Pero si, por una parte, la Corte se desentiende junto con sus tribunales y jueces y desconoce el derecho del ciudadano y las excepciones en materias de su competencia y de garantías al ciudadano, por otra parte se excede en el ejercicio de sus funciones, y decide dictar sentencias para ejercer un control político que no le corresponde.

         Es natural que se perciba una gran falta de rigor jurídico, y de motivaciones bien fundamentadas y claramente expuestas. 

         Por lo tanto, la administración judicial no tiene por qué ocuparse en examinar si unas determinadas políticas gubernamentales, medidas o disposiciones son eficaces, convenientes, oportunas, prudentes, estratégicas o útiles o si sus decisiones caerán en el agrado popular de las redes sociales. 

         Tampoco es relevante si a los magistrados les agrada o no la norma, o si la decisión es popular o impopular. Eso es propio de otras instituciones dentro del esquema democrático de separación de funciones entre las ramas del poder. 

1. ¿Cual es tu percepción de Justicia? 

2. ¿Confías en los jueces? 

3. ¿Tenemos esperanza de un nuevo servicio judicial con este sistema o es urgente una reforma de la Constitución?